El caso involucra una disputa entre varios inversionistas extranjeros y el Estado rumano, centrada en cambios regulatorios que afectaron al sector de energías renovables en Rumanía.
Antecedentes de hecho
En 2004, Rumanía implementó un esquema de incentivos para promover inversiones en fuentes de energía renovable (FER), cumpliendo con compromisos internacionales para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Este esquema ofrecía certificados verdes (CV) como incentivos financieros a los productores de energía renovable. Atraídos por estos incentivos, los demandantes, incluyendo LSG Building Solutions GmbH y otras entidades de Austria, Chipre, Alemania y los Países Bajos, invirtieron en plantas fotovoltaicas en Rumanía. Sin embargo, entre 2013 y 2014, y posteriormente entre 2017 y 2018, Rumanía realizó modificaciones significativas al esquema de incentivos, reduciendo la cantidad de CV otorgados y limitando su comerciabilidad. Los inversores alegaron que estos cambios perjudicaron sus inversiones, llevándolos a iniciar un arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Conclusiones Principales del Tribunal
El tribunal arbitral emitió su laudo el 20 de febrero de 2024, concluyendo que:
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Rumanía violó el Artículo 10(1) del TCE, que exige un trato justo y equitativo a los inversores, al implementar cambios que afectaron negativamente las expectativas legítimas de los demandantes.
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Se ordenó a Rumanía pagar una indemnización de USD 45.675.170, más intereses, y cubrir costos de arbitraje y gastos de defensa de los demandantes.
El laudo aborda aspectos clave en el derecho internacional de inversiones:
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Protección de Expectativas Legítimas: El tribunal determinó que los inversores tenían razones válidas para confiar en la estabilidad del esquema de incentivos, y que los cambios abruptos implementados por Rumanía constituyeron una violación de sus expectativas legítimas.
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Proporcionalidad y Razonabilidad de las Medidas Estatales: Se evaluó si las modificaciones al esquema de incentivos eran proporcionales y razonables en relación con los objetivos perseguidos por Rumanía, concluyendo que no lo eran en este caso.
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Interpretación del TCE: El caso proporciona jurisprudencia sobre cómo interpretar y aplicar las disposiciones del TCE en relación con cambios regulatorios que afectan a inversores extranjeros.
Acontecimientos posteriores al laudo
Tras la emisión del laudo, Rumanía ha enfrentado múltiples arbitrajes relacionados con cambios en su esquema de incentivos para energías renovables. Este caso se suma a una serie de decisiones que cuestionan la estabilidad y previsibilidad del entorno regulatorio rumano, lo que podría influir en futuras inversiones extranjeras en el país. Además, el caso destaca la importancia de que los Estados consideren cuidadosamente las implicaciones de modificar políticas que afectan a inversores extranjeros, especialmente en sectores estratégicos como el de las energías renovables.
Este caso subraya la importancia de la estabilidad regulatoria y la protección de las expectativas legítimas de los inversores en el ámbito del derecho internacional de inversiones, especialmente en sectores como el de las energías renovables, donde las políticas gubernamentales juegan un papel crucial en la viabilidad de las inversiones.