El caso se centra en una disputa entre la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica, S.A. y la República de Colombia, relacionada con la reversión de activos en una concesión de telecomunicaciones.
Antecedentes de hecho
En 1994, Colombia Telecomunicaciones S.A. (ColTel), subsidiaria de Telefónica, obtuvo una concesión para prestar servicios de telefonía móvil en Colombia. Al finalizar la concesión en 2013, surgió una controversia sobre la obligación de ColTel de revertir al Estado colombiano ciertos activos utilizados en la prestación del servicio. En 2017, una decisión administrativa determinó que ColTel debía pagar una suma significativa por la no reversión de estos activos, lo que llevó a Telefónica a iniciar un arbitraje en 2018 bajo el Convenio CIADI y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia.
Conclusiones principales
El 12 de noviembre de 2024, el tribunal arbitral emitió su laudo, concluyendo que:
- Colombia violó sus obligaciones bajo el acuerdo bilateral de inversión al exigir el pago por la no reversión de activos, afectando negativamente la inversión de Telefónica.
- Se ordenó a Colombia pagar a Telefónica una indemnización de $380 millones de dólares, más intereses al 5% y los costos legales incurridos por la empresa.
El laudo aborda aspectos clave en el derecho internacional de inversiones:
- Interpretación de cláusulas de reversión de activos en contratos de concesión y su interacción con las obligaciones estatales bajo tratados de inversión.
- Protección de las expectativas legítimas de los inversores extranjeros frente a cambios regulatorios y decisiones administrativas que afectan sus inversiones.
- Determinación de compensaciones por violaciones a tratados de inversión, incluyendo el cálculo de intereses y la asignación de costos legales.
Acontecimientos posteriores al laudo
Tras la emisión del laudo, Colombia manifestó su intención de solicitar la anulación del laudo y la suspensión de su ejecución, según comunicados oficiales.
Telefónica anunció que, además de la indemnización principal, espera recuperar aproximadamente €500 millones, considerando intereses y costos legales.
El caso ha generado debate sobre la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en Colombia y la interpretación de las obligaciones estatales bajo acuerdos internacionales de inversión.